Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público reveló el mayor caso de corrupción en la historia del sistema de seguridad social de la República Dominicana con el desmantelamiento de una red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por al menos RD$15,921 millones, afectando directamente a más de 7.6 millones de afiliados, en su mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.
El caso, denominado Operación Cobra, expone un entramado de sobornos, manipulación contable, facturación fraudulenta y lavado de activos que, según las autoridades, provocó el colapso financiero de la ARS estatal. SeNaSa pasó de registrar un patrimonio positivo de RD$2,900 millones en 2023 a un déficit de RD$14,538 millones en 2024, producto de la manipulación de reservas técnicas y el pago irregular a prestadores de servicios de salud.
Las investigaciones se originaron a partir de denuncias periodísticas y auditorías realizadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la Cámara de Cuentas, que detectaron irregularidades acumuladas entre los años 2017 y 2024. En agosto de 2025, el presidente Luis Abinader destituyó al entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, decisión que marcó el inicio del proceso judicial.
Entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra con 12 allanamientos simultáneos, ejecutados por más de 25 fiscales y 200 agentes policiales, que derivaron en ocho arrestos iniciales. Posteriormente, durante las audiencias de medidas de coerción celebradas entre el 9 y el 14 de diciembre, tres imputados admitieron su participación y se acogieron a la colaboración con las autoridades.
El 14 de diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a siete de los principales imputados y arresto domiciliario a otros tres, además de declarar el caso como complejo, otorgando un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar la acusación formal. La revisión obligatoria de las medidas fue fijada para el 11 de marzo de 2026.
Entre los imputados figura Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa (2020-2025), señalado como el cabecilla del entramado, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Junto a él fueron enviados a prisión otros exfuncionarios y vinculados al sector privado, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; y Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de salud.
El expediente detalla que el esquema operaba mediante el pago de sobornos multimillonarios a cambio de habilitaciones, contratos y ampliaciones de servicios a clínicas, farmacias y empresas proveedoras. También se documentaron prácticas de facturación falsa, como tratamientos innecesarios, servicios a personas fallecidas y sobretratamientos médicos, así como la manipulación de estados financieros para ocultar el déficit real de la institución.
Tres de los imputados bajo arresto domiciliario confesaron haber entregado sobornos directos que, en conjunto, superarían los RD$1,000 millones en efectivo. Parte de los fondos habría sido utilizado para la adquisición de bienes de lujo, vehículos e inmuebles, en lo que el Ministerio Público califica como operaciones de lavado de activos.
El presidente Luis Abinader respaldó de manera pública la investigación y dispuso una inyección extraordinaria de RD$6,000 millones para estabilizar financieramente a SeNaSa, reiterando que en su gestión “no hay espacio para la corrupción”. Por su parte, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificaron el caso como “histórico” y “cruel”, al afectar directamente a la población más vulnerable del país.
El impacto social del caso ha sido inmediato. Sectores ciudadanos han protagonizado protestas frente al Palacio de Justicia, exigiendo sanciones ejemplares y la recuperación total de los fondos sustraídos. Al menos cinco querellantes se han constituido en actores civiles con el objetivo de lograr la restitución del dinero al Estado.
Mientras las investigaciones continúan y no se descarta una “fase 2” con nuevos imputados, la Operación Cobra ha abierto un amplio debate nacional sobre la necesidad de fortalecer los controles en el sistema de salud pública y recuperar la confianza en las instituciones encargadas de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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