Villa Altagracia, R.D.- Tras más de tres años del brutal asesinato del joven deportista Santo Cecilio Ramírez Agustín, ocurrido el 26 de junio de 2022, este viernes fue detenida Anny Margarita Laureano Reyes, ayudante fiscal y pareja sentimental de la víctima, señalada por la familia como la principal responsable del crimen.
La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) del Ministerio Público. Ramírez Agustín fue hallado sin vida en su residencia con más de 40 heridas de arma blanca, según confirmaron fuentes cercanas al caso y denuncias de los familiares.
Los parientes de la víctima han mantenido una intensa campaña de protestas y denuncias públicas, alegando que existía una orden de arresto contra Laureano Reyes desde hace aproximadamente cinco meses, la cual no se había ejecutado. Atribuyen esta demora a posibles maniobras de encubrimiento dentro del Ministerio Público, dada la posición institucional de la acusada.
Demetrio Ramírez, padre del fallecido, ha expresado en manifestaciones frente a la Fiscalía de Villa Altagracia: "Es evidente que la están protegiendo. Seis meses después y no aparece la culpable... eso es evidente de que tiene protección de algunas autoridades".
La familia sostiene que Laureano Reyes manipuló la escena del crimen, incluyendo la evaluación del cuerpo y la orden de limpiar rastros de sangre, lo que habría comprometido la cadena de custodia y la integridad de la investigación. Además, afirman que ella fue quien llevó a Ramírez al apartamento en un taxi, siendo la última persona en verlo con vida.
La madre de la víctima, Benita Agustín, ha clamado por justicia entre lágrimas: "Queremos justicia, no venganza. Pero no puede haber justicia si hay protección para los que tienen poder".
La reciente cobertura mediática, incluyendo reportajes en programas nacionales, ha incrementado la presión social, contribuyendo aparentemente a la ejecución de la orden de arresto.
Este caso ha generado indignación en la comunidad de Villa Altagracia por las presuntas irregularidades y la implicación de una funcionaria del sistema judicial. La detención representa un avance, pero los familiares y la ciudadanía exigen un proceso transparente e imparcial para garantizar que no quede en impunidad.
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