Los asesinatos de dos testigos en menos de tres meses —uno en Santiago y otro en San Francisco de Macorís— deberían ser un punto de quiebre en la manera en que la República Dominicana concibe la protección a quienes colaboran con la justicia. En ambos casos, jóvenes que se dirigían a declarar por homicidios fueron ultimados antes de pisar la sala de audiencias. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve un sistema judicial si quienes sostienen los procesos quedan expuestos hasta perder la vida?
El caso más reciente, el de Luis Gustavo Grullón D´Aza, alias Nini, ejecutado frente al Palacio de Justicia de San Francisco, destapó una contradicción dolorosa. Mientras el acusado gozaba de custodia, el único testigo clave carecía de la más mínima protección, pese a que su familia había advertido las amenazas en su contra. ¿Cómo explicar que la justicia cuide al acusado, pero no al ciudadano que la fortalece con su testimonio?
No basta con citar el artículo 328 del Código Procesal Penal, que regula lo que ocurre cuando un testigo no comparece. La letra de la ley no detiene las balas. Y aunque la Procuraduría General dispone de una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, esta funciona como un cascarón vacío: sin presupuesto, sin personal suficiente y sin protocolos de aplicación general.
El director ejecutivo de Fiscaldom, Francisco Rodríguez, lo resumió con crudeza: “la protección existe solo en papel”. Y tiene razón. Hoy en día, en la República Dominicana la protección depende más de la voluntad de una fiscalía que de una política de Estado. Es decir, es discrecional, no obligatoria.
Mientras tanto, el crimen organizado celebra. Porque si los testigos saben que declarar es una sentencia de muerte, muchos preferirán callar. Esa es la semilla de la impunidad.
Mirando hacia afuera: lo que funciona
El problema no es exclusivo de nuestro país. La diferencia es que otros ya han dado respuestas serias:
Estados Unidos creó hace décadas el programa WITSEC, que ha salvado miles de vidas mediante reubicación, nuevas identidades y protección armada.
Colombia desarrolló un esquema similar durante la guerra contra los carteles de droga, garantizando que testigos claves pudieran declarar sin miedo.
Italia, en su lucha contra la mafia, entendió que sin protección total a testigos y familiares, ningún proceso prosperaría.
México legisló para incluir no solo la protección física, sino también apoyo económico y psicológico.
Estos programas tienen un denominador común: voluntad política y presupuesto. Porque proteger testigos cuesta dinero, pero no hacerlo cuesta democracia.
Lo que necesitamos aquí
La República Dominicana no puede seguir improvisando. Necesitamos una ley específica de protección a testigos, independiente de las normas generales del Código Procesal Penal, que contemple:
1. Protección preventiva obligatoria para testigos amenazados en casos graves.
2. Reubicación temporal o definitiva con apoyo económico del Estado.
3. Acompañamiento psicológico y social para testigos y sus familias.
4. Coordinación entre Policía, Procuraduría y Ministerio de Interior para asegurar un protocolo nacional.
5. Un fondo presupuestario permanente que garantice recursos, sin depender de coyunturas.
El costo de implementar un sistema así puede parecer alto. Pero más alto es el precio de un país donde la gente teme hablar, donde los crímenes quedan impunes y donde la justicia se convierte en un espectáculo sin testigos.
Hoy, la República Dominicana tiene una decisión pendiente: proteger a quienes dan voz a la verdad, o seguir abandonándolos en manos de la criminalidad.
Porque, al final, sin testigos no hay justicia. Y sin justicia, no hay país.
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