La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha iniciado diligencias de investigación penal de carácter preprocesal tras la formalización de una denuncia contra el cantante español Julio Iglesias. Los cargos, presentados el pasado 5 de enero, incluyen presuntos delitos de agresión sexual, acoso, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y lesiones.
Según los testimonios de las dos extrabajadoras que lideran la denuncia, los incidentes habrían ocurrido durante el año 2021 en las residencias del artista en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).
A pesar de que los hechos presuntamente sucedieron fuera de territorio español, la justicia de España se declara competente debido a la nacionalidad del intérprete y a que los delitos de agresión sexual y trata tienen carácter de persecución universal bajo ciertas condiciones del Código Penal.
La organización internacional Women's Link Worldwide, que representa a las víctimas, confirmó este miércoles 14 de enero que la Fiscalía ha otorgado a las denunciantes la condición de testigos protegidos.
Modus Operandi: Los relatos detallan jornadas laborales de hasta 16 horas sin contrato ni descanso, vigilancia de dispositivos móviles y un sistema de "servidumbre" presuntamente facilitado por encargadas de las mansiones que actuaban como colaboradoras.
Pruebas Ginecológicas: Uno de los puntos más críticos de la denuncia señala que el artista exigía a sus empleadas someterse a pruebas de enfermedades de transmisión sexual, cuyos resultados eran entregados directamente a él.
Aislamiento Emocional: Las víctimas reportan el uso de frases tácticas para generar dependencia, tales como: "Tu único amigo soy yo".
El impacto de la noticia ha trascendido lo judicial para instalarse en el debate político español. Mientras el Gobierno de España, a través de la portavoz Elma Saiz, ha reafirmado su compromiso con la investigación "hasta el final", figuras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han salido en defensa del "cantante más universal", apelando a la presunción de inocencia.
Desde el entorno de Julio Iglesias, la reacción inicial ha sido de rechazo absoluto. Fuentes cercanas califican las acusaciones de "patrañas" motivadas por resentimientos tras despidos laborales por bajo rendimiento. Por el momento, el equipo legal del artista de 82 años prepara su estrategia de defensa mientras el Ministerio Público dispone de seis meses para determinar si formula una querella formal o archiva la causa.
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