La madrugada del 3 de enero de 2026 marcaría un punto de inflexión sin precedentes en la historia política de América Latina si se materializara el escenario descrito por diversas fuentes no oficiales: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de los Estados Unidos, en una operación militar denominada Operación Determinación Absoluta (Operation Absolute Resolve).
De confirmarse, este hecho no solo significaría el colapso abrupto del chavismo en su núcleo de poder, sino que abriría uno de los debates más delicados del derecho internacional contemporáneo: el alcance real de la soberanía estatal frente a acusaciones de narcoterrorismo transnacional.
Un contexto de presión acumulada
El escenario se apoyaría en un contexto previo claramente identificable y real: años de sanciones económicas, acusaciones formales por narcotráfico y recompensas judiciales emitidas por tribunales federales estadounidenses contra la cúpula del poder venezolano. Desde 2020, Washington ha señalado al llamado Cártel de los Soles como una estructura criminal con protección estatal, tesis respaldada por expedientes judiciales, pero nunca ejecutada militarmente.
Según esta narrativa, a mediados de 2025 la presión habría escalado de manera decisiva: aumento de recompensas, despliegue naval en el Caribe y una estrategia de inteligencia profunda en Caracas. La supuesta llamada directa entre Donald Trump y Maduro —planteada como un ultimátum— encajaría en la lógica de diplomacia coercitiva que ha caracterizado episodios anteriores de la política exterior estadounidense.
La operación: precisión militar y alto riesgo político
La ejecución descrita plantea una operación quirúrgica de gran escala, combinando ataques aéreos selectivos, drones de baja detectabilidad y fuerzas terrestres de élite como la Delta Force, con apoyo de la DEA. El lugar clave: Fuerte Tiuna, corazón militar del poder venezolano.
El elemento más sensible del relato es la captura física del jefe de Estado dentro de su territorio, un acto que, aun bajo acusaciones criminales, rompería todos los precedentes recientes en la región, evocando inevitablemente la detención de Manuel Noriega en Panamá (1989).
Las cifras de bajas, el tiempo de ejecución y la extracción inmediata a un buque estadounidense refuerzan el carácter de operación de “objetivo de alto valor”, pero también subrayan el enorme costo humano y diplomático que implicaría una acción de este tipo.
Traslado y judicialización: el frente legal
El traslado hipotético a Guantánamo y luego a Nueva York, así como la reclusión en el MDC de Brooklyn, situaría el conflicto en el terreno judicial estadounidense. Los cargos —narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de activos y posesión de armas— ya existen en expedientes reales, lo que hace verosímil esta parte del escenario.
Sin embargo, la judicialización de un jefe de Estado capturado por la fuerza abriría un debate jurídico global sobre extraterritorialidad, debido proceso y uso de la fuerza, con implicaciones directas para futuros conflictos internacionales.
Reacciones previsibles: un mundo dividido
Las reacciones descritas encajan con patrones históricos comprobables:
Apoyo regional y opositor, que vería el hecho como el fin de un régimen autoritario.
Condena internacional, especialmente de organismos multilaterales y potencias que defienden el principio de no intervención.
Reconfiguración interna del chavismo, con figuras como Delcy Rodríguez asumiendo un liderazgo de emergencia para evitar el vacío de poder.
El anuncio de una eventual “administración temporal” estadounidense del sector petrolero venezolano sería, sin duda, el punto más explosivo del escenario, al reforzar la narrativa de intervención directa por intereses estratégicos.
Un precedente de consecuencias impredecibles
Más allá de simpatías o rechazos, un hecho de esta magnitud redefiniría el equilibrio de poder en América Latina y sentaría un precedente extremadamente delicado. Para algunos, sería la materialización de la justicia contra un Estado capturado por el crimen organizado; para otros, la normalización de la intervención militar unilateral.
En cualquier caso, si un evento así ocurriera, el 3 de enero de 2026 no sería recordado únicamente por la caída de un líder, sino por haber alterado las reglas no escritas que han contenido —con dificultad— el uso directo de la fuerza entre Estados en la región.
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