Un tribunal de Santiago impuso una sentencia de 20 años de prisión a Juan Carlos Sosa Bencosme, un hombre que lideraba una red de explotación sexual y trata de personas en perjuicio de dos adolescentes de 14 y 15 años de edad. El veredicto, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, representa un duro golpe contra las redes de tráfico ilícito de migrantes y violencia de género en la región, según informó este lunes el Ministerio Público.
Sosa Bencosme, residente en el sector Gurabo de esta ciudad, fue hallado culpable de inducir a las víctimas a sostener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero, administrando todo el proceso como un negocio ilícito. La sentencia incluye, además de la pena privativa de libertad, el pago de una indemnización de 50 salarios mínimos del sector público, equivalente a una suma significativa que busca reparar el daño causado a las menores.
La investigación, liderada por el Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes de la Fiscalía de Santiago bajo la dirección del fiscal Juan Osvaldo García, desmanteló el modus operandi del condenado. Desde su domicilio en Gurabo, Sosa Bencosme reclutaba a las adolescentes, seleccionaba a los clientes, cobraba las tarifas y decidía arbitrariamente qué porción entregar a las víctimas como "pago". Esta estructura de control total evidenció un esquema de explotación comercial y sexual que vulneraba gravemente los derechos fundamentales de las menores.
El tribunal, integrado por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, acogió en su totalidad la acusación presentada por la Fiscalía. Los testimonios de las dos adolescentes fueron clave en el proceso, proporcionando detalles precisos sobre los abusos sufridos y el rol dominante del procesado. Estas declaraciones no solo sirvieron para sustentar las pruebas, sino que también destacaron la vulnerabilidad de las víctimas, quienes fueron sometidas a un ciclo de coerción y manipulación.
La condena se basa en múltiples violaciones legales. Sosa Bencosme incumplió el artículo 309-1 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como el artículo 410 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). Además, transgredió el artículo 1, letras A y C, y el artículo 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que penaliza específicamente la violencia de género, la explotación sexual y comercial en perjuicio de menores de edad.
El fiscal García enfatizó en un comunicado que esta sentencia refuerza el compromiso del Ministerio Público con la erradicación de estas redes criminales. "La explotación de menores no solo destruye vidas inocentes, sino que socava los pilares de nuestra sociedad. Esta condena es un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes cometan estos atroces delitos", declaró. La investigación, que inició hace meses, identificó al procesado a través de evidencias digitales y testimonios corroborados, permitiendo un cierre rápido del caso.
Este fallo llega en un contexto de creciente preocupación por la trata de personas en República Dominicana, donde el país se posiciona como un punto de tránsito y destino para víctimas de explotación sexual. Según datos preliminares del Ministerio Público, Santiago ha sido un foco de estas actividades, con un aumento reportado en casos involucrando a menores durante los últimos años. Organizaciones como la Coalición contra el Tráfico de Personas han aplaudido la decisión, urgiendo a fortalecer las redes de protección y prevención en comunidades vulnerables.
Las víctimas, cuyas identidades se mantienen en reserva para proteger su privacidad, reciben ahora apoyo psicológico y legal a través de programas estatales. El tribunal también ordenó medidas de resguardo para evitar represalias, subrayando la importancia de un enfoque integral en la justicia restaurativa.
Con esta sentencia, el sistema judicial dominicano reafirma su rol en la defensa de los derechos infantiles y de género, enviando una señal contundente contra la impunidad. Autoridades esperan que sirva de disuasivo para otras redes similares operando en la región. El Ministerio Público continúa investigando posibles cómplices en esta red, prometiendo más acciones en las próximas semanas.
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