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martes, 22 de julio de 2025

Presidente Abinader promueve fusión de los ministerios de Hacienda y Economía


El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este martes la Ley 45-25, que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), dando paso a una nueva entidad gubernamental: el Ministerio de Hacienda y Economía.


Con esta decisión, el Poder Ejecutivo apuesta a una administración pública más eficiente, sostenible y orientada a resultados, en línea con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.


La nueva legislación deroga la Ley núm. 496-06 del 28 de diciembre de 2006, que había dado origen al entonces MEPyD, y busca asegurar una mejor articulación entre la política fiscal del país y el sistema nacional de planificación e inversión pública.


La Ley 45-25 fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025 y previamente sancionada por el Senado de la República el pasado 22 de mayo.


La reforma establece una serie de cambios estructurales en la administración pública:


Se suprime el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sus funciones sustantivas serán asumidas por el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía.


Algunas competencias, como cooperación internacional y ordenamiento territorial, pasarán al Ministerio de la Presidencia.


Se reorganizan los viceministerios, los cuales abarcarán áreas clave como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.


El nuevo ministerio se convierte en el órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública y de las políticas macroeconómicas y fiscales.


La ley también contempla medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, así como una transición ordenada del personal y la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa necesaria.


Esta fusión responde a los lineamientos del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, con el objetivo de dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales y funcionales para el desarrollo económico y social del país.





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