Sánchez Ramírez, RD.– Representantes de las comunidades afectadas por la expansión minera en Cotuí y la empresa Barrick Pueblo Viejo firmaron este miércoles un acuerdo definitivo de reasentamiento, con el respaldo del Gobierno dominicano, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo. El pacto, considerado un hito para la minería responsable en el país, garantiza viviendas dignas, servicios básicos, infraestructura comunitaria y acompañamiento social a las familias desplazadas.
El acto de firma contó con la presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y el director general de Minería, Rolando Muñoz. La mediación fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quienes fungieron como garantes del proceso.
Con una inversión que supera los RD$20 mil millones, el acuerdo contempla:
La construcción de viviendas dignas conforme al censo familiar.
Acceso a servicios como agua potable, electricidad, salud y educación.
Centros deportivos, vías de acceso y espacios públicos comunitarios.
Compensaciones por tierras y cultivos.
Programas de soporte psicosocial, alfabetización, generación de ingresos y educación financiera.
También se planifica la edificación de una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado, un cementerio municipal y una estancia infantil, además de la mejora del tramo carretero Cotuí–Nuevos Horizontes.
Voces del consenso
“El acuerdo marca un nuevo capítulo para una minería responsable e inclusiva”, expresó Joel Santos, quien destacó la importancia del diálogo como vía para transformar conflictos en oportunidades.
Por su parte, Pablo Ulloa aseguró que se trata de un proceso evolutivo y que tanto su oficina como la Iglesia Católica mantendrán un acompañamiento activo en las distintas fases del reasentamiento.
La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, explicó que el plan se diseñó conforme a los estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y con una participación continua de todos los actores involucrados.
En representación de las comunidades, Martín Guzmán afirmó: “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”.
Este acuerdo sienta las bases para la expansión de la mina Pueblo Viejo bajo un modelo que prioriza el enfoque humano, la sostenibilidad del desarrollo territorial y el respeto a los derechos de las comunidades.
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