Una multitudinaria manifestación recorrió las calles del municipio hasta la Presa de Sabaneta, donde la Policía dispersó a los protestantes con gases lacrimógenos. El ministro Joel Santos insiste en que cualquier decisión debe sustentarse en estudios científicos.

El rechazo al proyecto minero Romero desbordó las calles de San Juan de la Maguana el domingo pasado. Cientos de personas, llegadas desde distintos puntos del país e incluso desde Nueva York, marcharon desde el Arco del Triunfo hasta el muro de la Presa de Sabaneta, en una caravana que mezcló consignas, carteles y un mensaje político claro: la provincia no quiere minería.

La manifestación transcurrió en su mayor parte de forma pacífica, pero la tensión escaló al llegar a las inmediaciones de la presa. Policías y militares, que mantuvieron un amplio dispositivo de seguridad durante todo el recorrido, dispersaron a la multitud con bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión y, según reportaron medios locales, disparos al aire.

El proyecto Romero es una iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, ejecutada a través de su subsidiaria en República Dominicana. Consiste en la explotación de un yacimiento de oro, cobre y plata ubicado en la Cordillera Central, con reservas estimadas en 1.1 millones de onzas, que la compañía valora en unos 5,000 millones de dólares.

La empresa propone utilizar minería subterránea, argumentando que ese método genera un impacto ambiental menor que la minería a cielo abierto. Para la construcción y puesta en operación, GoldQuest requeriría una inversión adicional estimada en 300 millones de dólares. De aprobarse, la mina operaría durante 8 años, según han declarado sus ejecutivos.

Sin embargo, el proyecto no cuenta aún con aprobación estatal para su explotación. La decisión depende del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuyos resultados la empresa espera presentar en agosto.

La preocupación central: el agua

Lo que concentra el rechazo de los sanjuaneros no es el oro en sí, sino lo que podría perderse. La Presa de Sabaneta, donde culminó la marcha, abastece de riego a más de 30,000 hectáreas de cultivo y produce energía hidroeléctrica para la región. Para comunidades cuya economía depende de la agricultura, la posibilidad de que actividades mineras comprometan esa fuente hídrica resulta inaceptable.

"No queremos un proyecto a corto plazo que ponga en riesgo la vida y la salud de nuestra gente", declaró el alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa, quien participó en la marcha. "Vamos a mandar una sola voz: el agua sí, y el oro no."

Los carteles que ondeaban entre la multitud resumían el sentimiento colectivo: "Agua vale más que oro", "San Juan se respeta, dile no al oro", "La tierra se respeta, no se explota." Otros manifestantes invocaron el precedente de Cotuí —donde opera la mayor mina de oro del Caribe—, con consignas como "No queremos aquí lo que pasó en Cotuí."

Ángelo Vásquez, dirigente de la Antigua Orden Dominicana, fue más contundente: "Si abren la mina, estamos dispuestos a atrincherarnos en la mina, porque no lo vamos a permitir. Aquí habrá candela, porque esto es del pueblo dominicano.

Mientras la calle enviaba su mensaje, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, salió a marcar la posición institucional. En declaraciones ofrecidas el jueves, Santos subrayó que ninguna decisión sobre el proyecto Romero puede tomarse sin respaldo científico.

"Es importante que se complete el debido proceso, que implica realizar los estudios medioambientales que determinen la viabilidad o no desde el punto de vista medioambiental", explicó. "En minería no se pueden tomar decisiones más allá de la ciencia. Estas cosas no son al ojo por ciento."

Santos también reconoció que la minería puede generar beneficios, pero admitió que existe espacio para fortalecer el vínculo entre la industria y las comunidades afectadas. "Creo y reconozco que hay que seguir fortaleciendo los beneficios que deriven las comunidades de la minería. Eso es un tema que perfectamente podemos seguir trabajando", indicó.

Con el EIA aún en proceso y los resultados previstos para agosto, el conflicto en torno al proyecto Romero está lejos de resolverse. La movilización del domingo dejó en evidencia que la discusión trasciende los tecnicismos ambientales: es, en el fondo, un debate sobre el modelo de desarrollo que San Juan quiere para sí misma. Uno de los manifestantes lo expresó con precisión: "Lo que necesitamos es que San Juan pueda exhibir otras mejores condiciones, no convertirse en un centro minero, sino en un centro agrícola, de exportación."