La Cámara de Diputados destina cada mes más de treinta y tres millones de pesos al pago del personal de apoyo de sus legisladores. Eso incluye cuatro empleados por cada diputado y los contratados al servicio de los bloques partidarios. Lo que no existe, en ninguno de los dos reglamentos del Congreso Nacional, es un artículo que expresamente autorice usar fondos del Estado para pagar el personal particular de los congresistas.

Según la nómina de libre nombramiento y remoción correspondiente a marzo de dos mil veintiséis, cada uno de los doscientos diez diputados tiene asignado un asistente legislativo con un salario mensual de treinta y cinco mil doscientos pesos, un chofer que devenga cuarenta y nueve mil quinientos pesos, un mensajero interno con sueldo de veintisiete mil quinientos pesos y una secretaria que cobra treinta y tres mil pesos. En total, ochocientos noventa y tres contratados que representan un gasto mensual de treinta y tres millones ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos con veinticinco centavos.

La excepción al esquema de los cuatro empleados es el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, quien figura en nómina con solo dos secretarias, con un gasto combinado de sesenta y seis mil pesos mensuales.

A esa estructura individual se suma el personal asignado a los bloques partidarios, financiado también con fondos públicos. El bloque del Partido Revolucionario Moderno, que detenta la mayoría congresual, cuenta con cuarenta y un empleados —trece de ellos secretarias, además de camareros, técnicos legislativos y administrativos, recepcionistas, choferes y asistentes— con un costo mensual de un millón seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos con veinticinco centavos.

El segundo bloque con mayor gasto en personal es el del Partido de la Liberación Dominicana, que con solo trece diputados sostiene veinticuatro empleados a un costo de un millón cuatrocientos cuarenta mil setecientos pesos mensuales, superando incluso al gasto de la Fuerza del Pueblo. Este partido, segunda mayoría en la Cámara Baja con veintisiete legisladores, registra doce empleados y un gasto mensual de setecientos treinta y siete mil quinientos pesos. La nómina combinada de los tres principales bloques —PRM, PLD y FP— le cuesta al erario tres millones ochocientos veintiún mil seiscientos veinticuatro pesos con veinticinco centavos cada mes.

Los demás bloques partidarios también tienen empleados asignados, aunque en cantidades que oscilan entre cuatro y dieciséis trabajadores.

La misma dinámica se replica en el Senado, pero con una escala notablemente mayor y una dispersión más irregular. Según la nómina de febrero de dos mil veintiséis, los treinta y dos senadores cuentan con mil doscientos ochenta y cuatro empleados, con un gasto mensual de cuarenta y un millones de pesos. Mientras que en la Cámara Baja el estándar son cuatro colaboradores por legislador, en el Senado la cifra puede llegar hasta sesenta y nueve empleados por senador, según los registros oficiales.

El trasfondo de todo este andamiaje es su precariedad normativa. Ninguno de los reglamentos de ambas cámaras contempla de forma expresa la facultad de destinar recursos legislativos al pago del personal privado de los congresistas. El esquema opera, en ambos casos, sin una base reglamentaria que lo sustente.

Todo esto se suma a una lista más amplia de beneficios que reciben los diputados: viáticos, dietas, gastos de representación, exoneración de vehículos y un sueldo registrado de trescientos veinte mil pesos mensuales.