Un tribunal de Corea del Sur condenó este 19 de febrero de 2026 a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por el delito de insurrección, tras considerar que intentó subvertir el orden constitucional al declarar la ley marcial de forma irregular en diciembre de 2024. La sentencia, dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, marca uno de los episodios más graves en la historia democrática reciente del país.
El fallo concluyó que Yoon, de 65 años y líder conservador, abusó de sus facultades presidenciales al ordenar la movilización de fuerzas armadas y suspender temporalmente funciones esenciales del Estado. La fiscalía había solicitado la pena de muerte, pero el tribunal optó por cadena perpetua, en un país que mantiene una moratoria de facto sobre ejecuciones desde 1997.
Los hechos se remontan a la noche del 3 de diciembre de 2024. A las 22:22 (hora local), Yoon anunció por televisión la imposición de la ley marcial, argumentando que buscaba proteger la “democracia liberal” frente a lo que calificó como una “dictadura legislativa” impulsada por la oposición. Minutos después, un decreto del Comando de Ley Marcial suspendió las actividades del Parlamento, partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación, además de prohibir reuniones y huelgas.
Tropas y policías rodearon la Asamblea Nacional en Seúl e intentaron bloquear el acceso de legisladores. Sin embargo, en una sesión de emergencia celebrada pasada la medianoche, 190 de los 300 diputados votaron de forma unánime para revocar la medida. A las 4:30 de la madrugada del 4 de diciembre, ante la presión institucional, social e incluso de miembros de su propio partido, Yoon retiró las tropas y dejó sin efecto la ley marcial.
La crisis política se profundizó en las semanas siguientes. El Parlamento inició un proceso de destitución en diciembre de 2024 y, en abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó su remoción del cargo. Desde julio de 2025, Yoon permanecía bajo arresto mientras enfrentaba múltiples procesos judiciales, siendo el más grave el relacionado con la acusación de rebelión por movilizar ilegalmente fuerzas armadas contra el orden constitucional.
En el mismo caso fueron condenados otros altos exfuncionarios. El exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió una pena de 30 años de prisión, mientras que el ex primer ministro Han Duck-soo fue sentenciado a entre dos y tres años. El tribunal consideró que existió coordinación para ejecutar la medida excepcional y restringir el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Tras conocerse la sentencia, simpatizantes y detractores del exmandatario se concentraron frente al tribunal en un ambiente de fuerte polarización. Yoon rechazó los cargos y anunció que apelará la decisión. Analistas legales señalan que, aunque el proceso de apelación podría extenderse, la probabilidad de una revocación sustancial del fallo es baja dada la contundencia de las pruebas y la gravedad de los hechos establecidos por el tribunal.
La condena a cadena perpetua de un expresidente por insurrección constituye un hecho sin precedentes en la historia contemporánea surcoreana y deja una marca profunda en su sistema político, al tiempo que reafirma el papel de las instituciones en la defensa del orden constitucional.
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