El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Santiago Hazim, y otras siete personas permanecen detenidas desde el sábado en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, señalados por el Ministerio Público como parte de un esquema sistemático de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con miles de millones de pesos. La investigación, bautizada como “Operación Cobra”, involucra a exfuncionarios del organismo y a varios prestadores de servicios de salud, acusados de integrar una asociación criminal para desviar fondos públicos.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), las pesquisas han permitido identificar presuntas prácticas de soborno a gran escala, adulteración de estados financieros, creación de programas especiales sin fundamento jurídico y múltiples maniobras fraudulentas destinadas a distraer recursos del sistema de salud estatal. Según la institución, el esquema operaba bajo la dirección del entonces titular de SenaSa, en conexión con ejecutivos, consultores y proveedores externos.
Las investigaciones están dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz y un equipo especializado de fiscales de la Pepca, con apoyo de más de 200 agentes policiales que ejecutaron 12 allanamientos simultáneos para asegurar evidencias y detener a los implicados.
Entre los arrestados figuran Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Servicios de Salud), y los empresarios Eduardo Read Estrella (Khersun S.A.), Cinty Acosta Sención (IntraCare), Ramón Alan Speakler Mateo (grupo Suilrod) y Ada Ledesma Ubiera (Lufarka). Otras personas y empresas continúan bajo investigación para futuras judicializaciones.
Defensa: “Nuestros clientes demostrarán su inocencia”
Mientras avanza el proceso, varios abogados acudieron al Palacio de Justicia para dar seguimiento a la situación de sus representados. Jaime Terrero, defensa de Iván Minaya, sostuvo que esperan conocer la solicitud de medida de coerción para presentar su propio presupuesto probatorio.
Por su parte, Marcelino Vargas Brito, abogado de Ada Ledesma, afirmó que su clienta se encuentra tranquila y confiada en el sistema judicial, asegurando que su participación se limitó a una “transacción comercial” de “monto insignificante”, según sus declaraciones.
El equipo legal del empresario Eduardo Read aseguró que su cliente ha colaborado desde el inicio del proceso. Según los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González, Read entregó más de 1,250 elementos probatorios, incluyendo documentación que —según la defensa— evidencia el cumplimiento contractual de sus empresas y la calidad de los servicios ofrecidos. Además, afirmaron que dichos servicios fueron previamente auditados por SenaSa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
PGR: “Los responsables devolverán cada peso robado”
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la institución actuará sin reservas contra quienes hayan atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. La funcionaria reiteró que la Operación Cobra buscará sancionar penalmente a los responsables y recuperar los recursos presuntamente sustraídos.
“Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales. La Operación Cobra llegará hasta el final. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables retornen al Estado cada peso sustraído del patrimonio público”, expresó Reynoso.
Con el expediente aún en desarrollo, el Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción contra los imputados, mientras continúa ampliando la investigación para incorporar nuevos elementos y posibles involucrados en lo que describen como una de las operaciones anticorrupción más amplias en el ámbito sanitario de los últimos años.
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