Senado envía a comisión proyecto que regularía la compra de propiedades en la frontera por ciudadanos extranjeros

El Senado de la República remitió este jueves a la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos el proyecto de ley que busca establecer un estricto control sobre la adquisición de inmuebles en la franja fronteriza por parte de ciudadanos y entidades extranjeras. La iniciativa, presentada por el senador Cristóbal Venerado Castillo, de la provincia Hato Mayor, plantea la creación de un mecanismo de autorización previa para evaluar cada compra y determinar su posible impacto en la seguridad nacional.

Según la propuesta, toda adquisición de terrenos o solares ubicados dentro de un radio de 50 kilómetros desde la línea divisoria con Haití deberá contar con una “Autorización Especial” emitida por el Ministerio de Defensa, con el visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Bienes Nacionales. El proyecto también prohíbe que extranjeros compren propiedades en áreas estratégicas, militares, protegidas o donde existan infraestructuras críticas.

Castillo explicó a Diario Libre que la iniciativa surge en respuesta a la “situación caótica” que vive Haití y al incremento de extranjeros —principalmente haitianos con alto poder adquisitivo— interesados en adquirir terrenos en la zona fronteriza. Ante ese escenario, el congresista llamó a acelerar el estudio y discusión del proyecto, asegurando que el país debe actuar con rapidez para preservar su soberanía territorial.

“Hay personas pudientes de Haití que están buscando propiedades. Tenemos que andar rápido con esto para proteger nuestra nacionalidad”, afirmó. El legislador advirtió que, de no tomarse medidas a tiempo, “cuando uno viene a ver la zona fronteriza se va a convertir en un pequeño Haití”. Por ello, insistió en que el Estado necesita un instrumento legal que permita evaluar quién puede comprar y quién no, tomando en cuenta factores como el impacto en la seguridad nacional, el uso previsto del inmueble y la capacidad económica y legal del adquiriente.

El proyecto contempla que los terrenos podrán destinarse a actividades agropecuarias, turismo regulado, proyectos industriales, comerciales o vivienda familiar, siempre que el uso sea compatible con los intereses estratégicos del país.

En cuanto al efecto de esta regulación en la inversión extranjera y en los actuales propietarios, Castillo aclaró que la ley no tendría carácter retroactivo, por lo que los extranjeros que ya poseen inmuebles en la franja fronteriza no serían afectados. Además, afirmó que la disposición se limita exclusivamente a la banda de 50 kilómetros desde la frontera y no supone restricciones para el resto del territorio nacional.

El proceso legislativo seguirá ahora su curso en la Comisión de Asuntos Fronterizos, donde se espera que se analicen los alcances del proyecto, se escuchen opiniones técnicas y se definan posibles ajustes antes de volver al hemiciclo para su discusión definitiva.

Con esta propuesta, el Senado abre el debate sobre un tema que combina seguridad, soberanía territorial y regulación de la inversión extranjera, en un contexto marcado por la crisis haitiana y la creciente presión sobre la frontera dominico-haitiana.