Cada 25 de noviembre el mundo detiene su ritmo para recordar una verdad incómoda: la violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, normalizadas y persistentes del planeta. Esta fecha, reconocida por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene un origen profundamente dominicano. El asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960, ordenado por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, expuso la brutalidad de un régimen y marcó la historia nacional e internacional. No fue solo un crimen político; fue un acto de violencia machista que resonó décadas después y dio forma a la lucha global en favor de los derechos y la dignidad de las mujeres.

El sentido de esta fecha trasciende las ceremonias y las campañas de un día. Se trata de reconocer que la violencia hacia las mujeres no es un fenómeno aislado, sino un sistema construido sobre desigualdad, impunidad y patrones culturales que la sostienen. Las cifras lo confirman de manera contundente. En República Dominicana, el país continúa entre los que presentan tasas más altas de feminicidios en la región. Cada año decenas de mujeres son asesinadas por parejas o exparejas, dejando hijos huérfanos, familias destruidas y comunidades marcadas por el dolor. Detrás de cada caso existe una línea de advertencias: denuncias previas, amenazas ignoradas, falta de intervención o respuestas institucionales tardías que permiten que la tragedia avance sin freno.

La violencia de género adopta múltiples formas que muchas veces pasan desapercibidas porque están arraigadas en comportamientos cotidianos. La violencia psicológica, materializada en humillaciones, insultos, control emocional y manipulación, sigue siendo normalizada en la dinámica de muchas relaciones. La violencia económica, donde el agresor controla o limita los recursos de la mujer, continúa invisibilizada. A esto se suma el acoso sexual en centros educativos, lugares de trabajo, espacios públicos y plataformas digitales; una forma de violencia que se expande con rapidez debido al alcance de las redes sociales y a la falta de regulación efectiva.

Aceptar la magnitud del problema implica reconocer que, si bien se han creado leyes, protocolos y unidades especializadas, los avances resultan insuficientes. El sistema judicial aún presenta brechas en la atención a las víctimas, tanto en la recepción de denuncias como en el acompañamiento y en la protección inmediata. Muchas mujeres tardan en denunciar porque temen represalias, porque dependen económicamente del agresor o porque sienten que no serán escuchadas. Y, con frecuencia, cuando finalmente deciden buscar ayuda, encuentran instituciones saturadas, procesos burocráticos lentos o medidas de protección que se quedan en el papel.

Otro reto fundamental es la cultura. Durante generaciones, los modelos de masculinidad se han construido alrededor de la fuerza, el control y la autoridad. Esa visión ha legitimado comportamientos agresivos que muchas veces se enseñan indirectamente desde la infancia. La educación en igualdad avanza, pero lo hace a un ritmo insuficiente para revertir prácticas que están profundamente arraigadas. Esto se refleja tanto en el lenguaje cotidiano como en ciertos contenidos que consumimos: programas de entretenimiento que ridiculizan a la mujer, canciones que romantizan la violencia, comentarios que culpan a la víctima, y la difusión masiva de estereotipos que perpetúan prejuicios.

También es necesario evaluar críticamente el rol de los medios de comunicación. Aunque muchos han asumido una postura responsable, todavía persisten coberturas sensacionalistas que exponen a las víctimas, muestran detalles morbosos o presentan los feminicidios como “crímenes pasionales”. Este enfoque distorsiona el fondo del problema, minimiza la gravedad estructural de la violencia de género y reproduce una narrativa que normaliza la agresión como producto de celos, discusiones o emociones desbordadas, cuando en realidad responde a un patrón de poder.

El 25 de noviembre debe servir también para cuestionar la superficialidad con la que algunas instituciones abordan el tema. Cada año proliferan campañas, lazos naranjas y mensajes emotivos, pero sin un seguimiento sostenido. La prevención no puede limitarse a un mes de actividades ni a discursos que se repiten sin acciones contundentes. La eliminación de la violencia exige políticas públicas coherentes, presupuestos adecuados, personal capacitado, acompañamiento psicológico accesible y refugios suficientes para quienes necesitan salir de ambientes peligrosos.

La responsabilidad social también es esencial. Cualquier transformación profunda necesita del compromiso colectivo. Las familias deben educar sin reproducir desigualdades entre hijos e hijas. Las comunidades deben actuar cuando una mujer busca ayuda y no justificar comportamientos violentos. Los hombres deben reflexionar sobre sus propias conductas y abandonar la idea del control como sinónimo de afecto. Y las mujeres deben seguir fortaleciendo redes de apoyo para acompañarse, protegerse y exigir cambios reales.

Honrar la memoria de las hermanas Mirabal no implica convertirlas en una imagen decorativa cada noviembre. Implica asumir la valentía que representaron: enfrentarse a un poder opresivo, romper el silencio y luchar contra un sistema que despojaba a las mujeres de su libertad. Hoy, esa lucha continúa en cada denuncia, en cada sentencia, en cada campaña educativa, en cada acto de resistencia contra la violencia.

El 25 de noviembre no es solo una conmemoración. Es un recordatorio de que la violencia sigue siendo una realidad dolorosamente presente y de que eliminarla es una responsabilidad que no puede posponerse. Mientras una sola mujer viva con miedo, el trabajo seguirá siendo insuficiente. La meta no es reducir estadísticas, sino transformar un sistema entero para que todas las mujeres vivan con dignidad, libertad y seguridad.