La anulación de los títulos universitarios de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien había sido postulada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad del gobierno de Gustavo Petro (Colombia) , ha desatado una tormenta política que va mucho más allá de un simple error administrativo. Lo ocurrido con la joven de 23 años revela una preocupante mezcla de improvisación, clientelismo y falta de rigor institucional que, una vez más, erosiona la credibilidad del discurso meritocrático del Ejecutivo colombiano.
La Fundación Universitaria San José, luego de una revisión interna, confirmó que Guerrero nunca cursó ni aprobó las asignaturas correspondientes a los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni a la carrera de Contaduría Pública. Tampoco existe evidencia de que haya participado en clases, evaluaciones o exámenes finales. En otras palabras, los títulos que exhibía eran inexistentes desde el punto de vista académico, aunque oficiales en apariencia.
El detalle más alarmante es que el fraude no fue descubierto por un mecanismo estatal de control, sino por la presión mediática y la vigilancia ciudadana. El Ministerio de Educación y la Presidencia —instituciones llamadas a verificar la validez de los documentos— pasaron por alto irregularidades básicas, como la ausencia del examen Saber Pro, requisito obligatorio para todo egresado universitario en Colombia. Este descuido revela una fragilidad institucional preocupante: la confianza en la palabra de los allegados al poder ha reemplazado la verificación técnica y legal de los méritos.
Una gestión atrapada entre símbolos y favores
El presidente Gustavo Petro, al presentar a Guerrero meses atrás como una “joven rebelde y activa”, pretendía enviar un mensaje de inclusión y renovación generacional dentro de su gabinete. Sin embargo, el caso terminó por simbolizar lo contrario: la juventud convertida en coartada política. La rapidez con que Guerrero ascendió —de asesora a postulada viceministra—, sin formación comprobada ni trayectoria sólida, evidencia un modelo de selección basado más en lealtades y afinidades ideológicas que en competencia profesional.
Peor aún, cuando estalló el escándalo, el propio mandatario optó por minimizar las denuncias, argumentando en redes sociales que se trataba de un simple retraso en la presentación del examen Saber Pro. Esa reacción —más emocional que institucional— no solo desvió el foco del problema, sino que dio la impresión de un gobierno que prefiere proteger a sus allegados antes que defender la transparencia del sistema.
La universidad bajo la lupa
La Fundación Universitaria San José tampoco sale bien parada. Su decisión de anular los títulos y destituir al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, demuestra que hubo complicidad interna. La admisión de un “grado exprés” a favor de Guerrero, sin requisitos cumplidos, sugiere la existencia de una red de favores políticos y posibles actos de corrupción dentro del sector educativo privado. En este contexto, la educación deja de ser un espacio de formación para convertirse en moneda de cambio para acceder a posiciones de poder.
El Ministerio de Educación ha prometido revisar otros expedientes para evitar casos similares, pero el daño ya está hecho: la confianza pública en la validez de los títulos universitarios —un pilar de la movilidad social— queda en entredicho.
Juventud manipulada y meritocracia ausente
Más allá de la figura de Juliana Guerrero, el escándalo refleja un mal estructural: la manipulación política de los discursos de inclusión. El gobierno de Petro ha insistido en dar protagonismo a los jóvenes, a las mujeres y a las minorías, lo cual es positivo en principio. Sin embargo, cuando ese discurso se convierte en excusa para premiar la lealtad sobre la capacidad, se traiciona el espíritu del cambio que se prometió en campaña.
Guerrero se describe en redes como una joven “mística” y comprometida con las causas sociales, pero eso no basta para legitimar su nombramiento. En la administración pública, la preparación no es un adorno, es una obligación ética. Un Estado que nombra viceministros sin verificar credenciales no solo comete negligencia, sino que envía un mensaje peligroso: el mérito es opcional.
Consecuencias políticas y éticas
El caso ha sido aprovechado por la oposición para denunciar un patrón de opacidad y nepotismo dentro del gobierno. Las investigaciones de la Fiscalía y las sanciones académicas son apenas el inicio de un proceso que puede tener repercusiones mayores. Más allá de las sanciones legales, el episodio plantea una pregunta moral: ¿cómo puede un gobierno que se proclama progresista y ético sostener funcionarios cuya trayectoria se fundamenta en el engaño?
A medida que se acercan nuevos procesos electorales, el “petrojuventudismo” —como lo han llamado sus críticos— enfrenta una crisis de legitimidad. La juventud no puede ser instrumentalizada como símbolo político sin sustancia. El caso de Juliana Guerrero debería servir como advertencia de que la renovación no se logra con rostros nuevos, sino con integridad, capacidad y transparencia.
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