El Ministerio Público presentó una amplia acusación formal contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el contratista del Estado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto a otros ocho coacusados, por su presunta participación en un entramado de corrupción administrativa, sabotaje tecnológico y actos de terrorismo vinculados al sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
La acusación, presentada el pasado viernes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incorpora además a Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange; Mariano Gustini; y Henry Darío Féliz Casso, así como a varios exfuncionarios del Intrant, entre ellos Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
También fueron imputadas siete empresas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Improsol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., esta última encargada hasta este año de la expedición de licencias de conducir.
Acusaciones y delitos imputados
Según el Ministerio Público, la investigación —conocida como Operación Camaleón— reveló la existencia de un entramado criminal articulado desde el Intrant y el Ministerio de Defensa, mediante el cual se cometieron múltiples delitos: corrupción, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, falsificación, lavado de activos y actos de terrorismo a través de medios electrónicos.
Entre los delitos específicos se citan violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por sabotaje, robo de identidad y crímenes contra la seguridad de la nación, con sanciones que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
Origen de la investigación
La Operación Camaleón surgió a raíz de irregularidades detectadas en un contrato de más de 1,300 millones de pesos con la empresa Transcore Latam S.R.L., vinculada al sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
Tras la suspensión del contrato, el sistema de semáforos se apagó en dos ocasiones, generando caos vial. Las autoridades atribuyeron estos sabotajes a Gómez Canaán, quien mantenía contratos con el Estado a través de Dekolor y otras empresas.
El papel de los acusados
El Ministerio Público identifica a Jochi Gómez como “el eje central del esquema criminal”, con vínculos societarios y financieros con varias de las empresas involucradas. Según el expediente, Gómez Canaán dirigía las operaciones de lavado de activos, sabotaje tecnológico y estafa al Estado, consolidando control sobre infraestructuras críticas del país.
En tanto, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación del sistema de semáforos y videovigilancia del Intrant.
Otros funcionarios del Intrant también fueron señalados:
- Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda falsificó certificaciones técnicas.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
- Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó y participó en el sabotaje de la red semafórica.
- Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.
Los empresarios Gustini y Mora, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, mientras que Henry Darío Féliz Casso fungió como intermediario financiero.
Uso de las empresas en el esquema
- Transcore Latam S.R.L.: contratos fraudulentos y control del sistema semafórico.
- PagoRD Xchange S.R.L.: apropiación de ingresos públicos y compra de bienes de lujo.
- Dekolor S.R.L.: desvío y manipulación en la expedición de licencias.
- Aurix S.A.S.: espionaje y sabotaje tecnológico.
- Industria Soltex Dominicana S.R.L.: lavado y contrabando.
- Improsol S.R.L. y OML Inversiones S.R.L.: vehículos financieros y de adquisición de bienes con fondos ilícitos.
Próximos pasos judiciales
La acusación fue depositada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el expediente será sorteado de manera aleatoria para designar el juzgado de instrucción que conocerá la audiencia preliminar.
El Ministerio Público asegura contar con “pruebas contundentes” que demuestran la existencia de un esquema coordinado de corrupción, sabotaje y terrorismo digital, que habría comprometido recursos estatales y la seguridad tecnológica del país.
Infograma.org
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