El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes, en su encuentro semanal con la prensa, el compromiso de su gobierno con la lucha contra la corrupción administrativa. El mandatario presentó las sanciones contempladas en el nuevo Código Penal y detalló la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), un plan que busca fortalecer la transparencia y consolidar un Estado más ético y responsable.
Por primera vez en la historia del país, la corrupción ha sido reconocida como un delito autónomo, incluido en el artículo 284 del Código Penal. Este cambio permitirá sancionar de manera directa toda conducta que afecte los bienes públicos, sin necesidad de vincularla a otro tipo penal. “Queremos un país donde los recursos del Estado estén protegidos, donde cada funcionario entienda que está al servicio de la gente y donde la corrupción no tenga cabida”, expresó Abinader.
El jefe de Estado explicó que las sanciones abarcan distintos niveles de delitos. El enriquecimiento ilícito y la omisión en declaraciones juradas serán castigados con penas de cinco a diez años de prisión, decomiso de bienes, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas de hasta 60 salarios mínimos. En el caso de la manipulación de pagos, sobornos, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada, las penas incluyen prisión, sanciones administrativas, devolución del dinero y multas económicas.
Asimismo, los delitos de peculado, desfalco, prevaricación y coalición de funcionarios conllevarán sanciones de tres a diez años de cárcel, la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y multas equivalentes al doble de lo sustraído. Las empresas también tendrán responsabilidad penal en casos de corrupción, con multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado por un período de diez años, decomiso de bienes y cancelación de licencias.
En cuanto a las contrataciones públicas, los delitos relacionados con otorgamiento irregular de contratos, alteración de precios o pagos por obras inexistentes serán castigados con penas de tres a diez años de prisión, inhabilitación en funciones públicas por un mínimo de cinco años, multas proporcionales y devolución de los fondos.
Durante su intervención, Abinader también anunció el inicio de la campaña “Protegiendo lo Nuestro”, que se desplegará en todas las instituciones públicas con el objetivo de instruir a funcionarios, empleados y ciudadanos en la prevención, detección y denuncia de actos corruptos.
La Estrategia Nacional de Integridad Pública se estructura en seis ejes estratégicos: transparencia y gobierno abierto; contrataciones y alianzas público-privadas más limpias; administración profesionalizada y basada en la meritocracia; control y fiscalización efectiva de los recursos públicos; fortalecimiento de la justicia y lucha contra la impunidad; y garantía de calidad democrática mediante procesos electorales íntegros.
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