El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto emitir este miércoles la sentencia contra los implicados en el caso de presunta corrupción administrativa desmantelado en la denominada Operación Antipulpo, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina.
La audiencia, programada para iniciar a las 11:00 de la mañana, se llevará a cabo conforme a lo establecido por el tribunal el pasado 30 de julio.
El Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Alexis Medina, señalado como el presunto cabecilla del entramado. Para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda pidió 15 años de cárcel y el pago de 200 salarios mínimos.
Asimismo, solicitó 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina, además de penas similares para Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
También requirió 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
Para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo y el excontralor de la República Rafael Antonio Germosén, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, mientras que para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oisoe, requirió una pena de tres años.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se solicitó una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos.
Además de las penas privativas de libertad, el órgano acusador pidió que todos los condenados sean inhabilitados para contratar con el Estado o ejercer funciones públicas por 10 años, el decomiso de los bienes incautados y la degradación cívica, lo que implica la pérdida de derechos civiles, políticos y de ciudadanía.
Según la acusación, Alexis Medina encabezaba un entramado de corrupción que, junto a exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, utilizó sus conexiones con el poder político para obtener contratos irregulares y enriquecerse ilícitamente a costa de fondos públicos, principalmente a través de la Oisoe y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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