Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 74-25, que da vida al nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando el fin del régimen legal que estuvo vigente desde 1884. La nueva legislación comenzará a aplicarse en agosto de 2026, otorgando un plazo de transición de 12 meses para su implementación efectiva.
La normativa, aprobada de forma definitiva por el Congreso Nacional el pasado jueves, introduce una serie de cambios sustanciales al sistema penal dominicano, incorporando la tipificación de nuevos delitos, el endurecimiento de sanciones, y un enfoque preventivo y resocializador en la administración de justicia.
Entre los nuevos delitos tipificados figuran el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, el autosecuestro, la desaparición forzada y la obstrucción de justicia.
También se eleva la pena por violación sexual dentro del matrimonio o relaciones de pareja, se introducen sanciones para crímenes de lesa humanidad, genocidio, daños por dopaje, y se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La nueva ley contempla el cúmulo de penas para quienes cometan múltiples delitos, establece una pena máxima de prisión de hasta 40 años y crea medidas sociojudiciales como el registro de agresores sexuales, programas de reeducación y vigilancia post-penitenciaria.
En materia de protección de víctimas, se refuerzan las órdenes de protección para casos de violencia de género, intrafamiliar y otras formas de agresión. Además, se amplían los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, que ahora podrán denunciarse hasta 30 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad.
El Código también fortalece la lucha contra la corrupción administrativa, extendiendo los plazos de prescripción y aumentando las sanciones, además de inhabilitar a los responsables para ejercer funciones públicas.
“La promulgación de este nuevo Código Penal dota al país de herramientas modernas para combatir la criminalidad en todas sus manifestaciones, proteger a las víctimas y promover un modelo de justicia alineado con los valores de un Estado social y democrático de derecho”, indica un comunicado emitido por la Presidencia.
Con esta reforma, la República Dominicana deja atrás un marco normativo considerado obsoleto y da un paso hacia un sistema de justicia penal más ágil, efectivo y centrado en los derechos humanos.
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