Una nueva controversia sacude la política peruana con implicaciones directas sobre la figura presidencial.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Lavado de Activos de su país, tras ser señalada por un supuesto aporte ilícito de 150,000 soles —equivalentes a más de 36,000 euros— recibido durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021, cuando se postulaba como candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre.
La información fue revelada por el fiscal Ángel Astocondor, quien ordenó ampliar la investigación e incluyó como implicado al empresario Eduvigis Beltrán Salinas, supuesto donante del dinero. La indagatoria busca esclarecer si Boluarte recibió directamente los fondos o si estos fueron canalizados a través de terceras personas, entre ellas Marcela Saldarriaga Ortiz, o algún otro intermediario aún no identificado.
Según el documento oficial, el 19 de mayo de 2021 Boluarte habría asistido a una reunión donde se prometió el desembolso, destinado a cubrir los gastos de la “batucada” o acompañamiento musical utilizado durante el cierre de campaña. Las fechas en que el dinero pudo haberse entregado estarían entre el 19 y el 26 de mayo de ese año.
Aunque el empresario señalado ha negado cualquier vinculación con la actual mandataria, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos continuará las diligencias. Boluarte, por su parte, ha sido citada a declarar el próximo 14 de octubre de 2025.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la transparencia de los procesos electorales en América Latina y suma presión a una figura presidencial que ya ha enfrentado otras crisis políticas y sociales desde que asumió el poder en 2022, tras la destitución de Pedro Castillo.
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