El presidente del consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció una serie de medidas que buscan fortalecer la seguridad digital en el país, al tiempo que informó sobre avances tecnológicos dirigidos a mejorar la conectividad en la educación superior.
Durante la presentación del proyecto “UASD Conectada”, Gómez Mazara anunció que el Indotel abrirá una licitación pública internacional para dotar de internet de alta velocidad a la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y a otros tres recintos universitarios, beneficiando a estudiantes y docentes en el marco de una política de inclusión digital.
En ese contexto, el funcionario se refirió a la entrada en vigencia de la resolución 064-2025, la cual exige a las empresas telefónicas que sus centros de venta soliciten cédula, pasaporte o carné de residencia, así como una fotografía del comprador, para proceder con la venta de tarjetas SIM. La medida busca asegurar la trazabilidad de líneas telefónicas vinculadas a delitos como el narcotráfico y el sicariato.
Gómez Mazara advirtió que, aunque las tarjetas SIM de prepago no son en sí mismas herramientas delictivas, su venta sin regulación ha facilitado que sean utilizadas con fines criminales. “Semanalmente se aperturan unas 400,000 líneas, de las cuales el 85 % se vende sin control. Eso tiene que cambiar”, afirmó.
A pesar de que las compañías telefónicas solicitaron una prórroga de 30 días para adecuarse a la normativa, Gómez Mazara indicó que no está de acuerdo con dicha extensión, aunque será el Consejo del Indotel quien evaluará la solicitud esta semana.
En paralelo, el funcionario confirmó la ejecución de un plan piloto para instalar bloqueadores de señal en cinco centros penitenciarios del país, como parte de una estrategia para combatir delitos cibernéticos organizados desde las cárceles. “Muchos de los operativos recientes están directamente relacionados con la efectividad de estos bloqueos”, señaló, sin ofrecer mayores detalles por razones de seguridad.
Otro punto abordado fue la preocupación por la tercerización del servicio de venta de tarjetas SIM, especialmente en sectores donde personas en situación migratoria irregular, mayormente de origen haitiano, estarían distribuyendo chips sin requisitos de identificación. Gómez Mazara aclaró que no se trata de un prejuicio, sino de un tema de seguridad nacional: “En una investigación judicial se necesita saber quién vendió esa línea. ¿Cómo identificamos a alguien sin documentación válida?”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario