En los últimos meses, ha salido a la luz uno de los casos más perturbadores registrados en Francia en materia de abuso infantil, y cuya gravedad debe resonar más allá de las fronteras europeas. Se trata de Pierre-Alain Cottineau, un activista LGTB, ex candidato suplente del partido La France Insoumise, y figura conocida en la región de Loira Atlántico, que ha sido imputado por violación, tortura y organización de una red pedófila, en la que presuntamente participaron otros adultos y al menos cuatro menores, entre ellos una niña con discapacidad severa.
Antes de que su nombre apareciera en los titulares judiciales, Cottineau era considerado un referente de inclusión y lucha por los derechos humanos en su comunidad. Fundó y presidió la asociación Esprit Arc-en-Ciel, organizó marchas del Orgullo y trabajaba como asistente familiar, un rol que le permitía acoger a niños vulnerables derivados del sistema estatal de protección infantil.
Nada hacía sospechar que detrás de esa imagen pública se escondía un presunto depredador. Sin embargo, todo cambió en septiembre de 2024, cuando la policía francesa descubrió, en la darknet, un video explícito donde se abusaba de una menor que había estado bajo su cuidado. A partir de ahí, se destapó una investigación que hoy apunta a la existencia de una red pedocriminal organizada.
El caso ha desatado una ola de indignación no solo por la brutalidad de los hechos, sino por las fallas estructurales que permitieron que Cottineau tuviera acceso a niños durante tanto tiempo. La denuncia de su madre, ocurrida cuando él tenía apenas 15 años, alertaba de una conducta predatoria, pero nunca fue judicializada.
Aun así, años más tarde fue habilitado como asistente familiar, sin que ninguna señal previa activara los protocolos de alerta. Lo que siguió fue una cadena de horrores: abusos sistemáticos, tortura, grabación de contenido pedopornográfico y distribución en redes cifradas, según revelan fuentes judiciales francesas.
Este no es un escándalo local ni un problema político menor. Es una advertencia. Cottineau no fue un “caso aislado”, sino un ejemplo alarmante de cómo los sistemas pueden ser infiltrados por personas con intenciones criminales, incluso cuando estas personas se visten con discursos nobles y causas progresistas.
La protección infantil no puede seguir siendo frágil ni estar subordinada a ideologías o apariencias. Se necesita una reforma profunda en los procesos de selección y monitoreo de asistentes familiares, así como controles más estrictos en las asociaciones comunitarias que trabajan con menores.
Además, este caso pone en el centro del debate la necesidad urgente de reforzar la ciberseguridad, ya que la darknet y plataformas como Telegram siguen siendo canales donde se comercializa contenido criminal con relativa impunidad.
Visibilizar este caso no es un acto de morbo, sino un compromiso ético con la verdad y la prevención. Contarlo es una forma de alertar, de abrir los ojos, de recordar que la infancia no se negocia.
Las organizaciones, los gobiernos y la ciudadanía deben permanecer atentos. El mal no siempre lleva máscara de monstruo: a veces, se disfraza de activismo, de ternura, de compromiso social. Y eso lo hace aún más peligroso.
Desde Infograma alzamos la voz para exigir verdad, justicia y prevención. Que ningún niño, en ningún país, vuelva a sufrir bajo la sombra del abuso sistemático. Que el nombre de Cottineau no quede como un escándalo olvidado, sino como un recordatorio de lo que el mundo no puede seguir tolerando.
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